Gobierno venezolano agrega barreras a la importación

Durante algo más de cinco años Venezuela ha vivido bajo un estricto esquema de regulación sobre las transacciones con divisas.

A partir de febrero de 2003 el gobierno dirigido por el Presidente Hugo Chávez asumió para sí el control absoluto del mercado cambiario, mediante decretos motivados por situaciones puntuales de meses anteriores, expresadas en los "Considerandos" del Decreto Ejecutivo N° 2.278, como "…Que la República enfrenta acciones que han mermado los ingresos provenientes de la industria de hidrocarburos, lo cual ha afectado la estabilidad de las reservas internacionales". Igualmente, en el mencionado Decreto, se anota la necesidad de proteger las reservas internacionales y el valor de la moneda venezolana, considerando "…Que el mercado cambiario se ha visto afectado por movimientos inconvenientes de carácter especulativo, afectando de forma negativa la estabilidad del valor externo e interno de nuestra moneda", y que "…en las últimas semanas la demanda de divisas sobrepasa en forma excesiva las necesidades reales de la economía nacional."

Para la administración del sistema de control cambiario, el ejecutivo creo a CADIVI (Comisión de Administración de Divisas).

Expertos economistas y otros analistas han expresado que, de aceptarse las motivaciones usadas hace cinco años, al desaparecer las mismas, lo cual es evidente ante el crecimiento de las reservas internacionales gracias al alto valor del crudo y otros motivos, también dejan de existir las razones mencionadas por el gobierno venezolano al implantar el control cambiario.

Naturalmente, los sistemas de restricciones cambiarias han existido en distintas ocasiones, tanto en Venezuela como en otros países, normalmente para enfrentar situaciones coyunturales, solventadas las cuales, siempre se corrigen los importantes desajustes que causan en la economía y, especialmente, en el sector productivo, este tipo de medidas extremas. Es así como, el propio Decreto 2.278 expresa en su artículo primero que "Se faculta al Ministro de Finanzas para que convenga con el Banco Central de Venezuela, medidas de carácter temporal, que establezcan limitaciones o restricciones a la convertibilidad de la moneda nacional y a la transferencia de fondos, del país hacia el exterior".

Pero, en el caso de la República Bolivariana, hay un elemento adicional, muy importante, que hace aún menos justificable un control cambiario: El gobierno venezolano controla alrededor del 80% de las divisas que entran al país, gracias, muy destacadamente, al negocio petrolero, cuyas exportaciones están totalmente bajo el dominio gubernamental.
Esto permite recordar al lector que, incluso en los períodos anteriores durante los cuales no existía control cambiario, las divisas disponibles en el mercado local eran controladas en gran parte por el gobierno, que siempre podía y puede ampliar o restringir la disponibilidad de divisas a su entero arbitrio.

Esto se cumple en triple medida en la actualidad, ya que, en primera instancia, existe el mencionado control cambiario; protegido por una draconiana Ley Contra los Ilícitos Cambiarios que convierte en delito la sola mención del valor de cambio de cualquier moneda distinta la bolívar en el mercado paralelo (periodistas obligados a informar sobre estos aspectos en Venezuela usan en sus reportajes la expresión "innombrable" cuando se refieren al dólar), incluyendo penas de prisión en ciertas circunstancias; adicionalmente, está el control de hecho sobre las divisas que ingresan al país por exportaciones petroleras y otras manejadas exclusivamente por el gobierno; y, adicionalmente, el particular control que goza el gobierno sobre el Banco Central. La suma de estas circunstancias anula cualquier posibilidad de balance de cargas que se espera en las economías modernas.

En relación con el sector productivo y comercial, este absoluto control centralizado también se convierte en una clara restricción a la libre circulación de mercancías y servicios, dentro de un peculiar ambiente de barreras –distintas a las arancelarias y de seguridad sanitaria- que no ha sido suficientemente analizado en el marco de los distintos acuerdos económicos, multilaterales o binacionales, que ha firmado Venezuela.

Contrariamente a lo que supone, el gobierno venezolano, aduciendo que las restricciones cambiarias también ayudarán al progreso de su país, la situación ha provocado importantes impedimentos a la necesaria modernización continua de las distintas plataformas tecnológicas, imprescindibles para, entre otras tareas, la mejora en la eficiencia de los procesos industriales, mercantiles y de atención al ciudadano, y el significativo objetivo de buscar el empoderamiento de la población de todos los sectores, en el mundo de las tecnologías de información y comunicación, en busca de la reducción de la llamada brecha digital, alta meta estimulada por la Organización de las Naciones Unidas.

Estos últimos propósitos fueron entendidos por los despachos más relacionados, notablemente el Ministerio de Ciencia y Tecnología, y también por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, organismos que publicaron diversas resoluciones con listas de artículos prioritarios para el sector TIC, las cuales sirvieron para racionalizar el proceso burocrático que personas y organizaciones deben cumplir hasta recibir la autorización de pago a proveedores en el extranjero.

Pero, aparentemente, objetivos distintos han dominado recientemente las estrategias gubernamentales. Como consecuencia, esta semana se dio a conocer una nueva resolución, la número 373 del Ministerio del Poder Popular de Industrias Ligeras y Comercio, la cual, a diferencia de las anteriores emitidas por cada despacho especializado según las necesidades específicas de cada sector, fue refrendada por los ministerios de Industrias Básicas y Minería, Salud, Energía y Petróleo, Ciencia y Tecnología, Telecomunicaciones y la Informática (recientemente creado) y el Ministerio del Poder Popular para las Finanzas.

La nueva resolución, además de derogar las emitidas anteriormente por otros ministerios, incluye dos nuevas listas de códigos arancelarios (que sustituyen de hecho a las previas).
La lista No. 1, cuyos artículos "no requieren certificación de insuficiencia o no producción nacional", y la Nro. 2, que relaciona los códigos que si requerirán de acudir "al Ministerio del Poder Popular con competencia en la emisión del certificado" (imaginamos que se trata del Ministerio de Industrias Ligeras y Comercio).

Las extensas listas pueden ser analizadas en detalle por el lector (enlace a pdf que reproduce la Gaceta Oficial contentiva de la Resolución 373). Mientras tanto, de modo superficial, encontramos varios aspectos notables en las mismas. Primeramente, un número de artículos han quedado en el limbo, notablemente servicios e intangibles (servicios de telecomunicaciones y software, por ejemplo). Por otro lado, en el contexto de una de las motivaciones de la Resolución 373, donde sus signatarios explican que responden a la necesidad de "articular la política de administración de divisas con las políticas, planes y proyectos de desarrollo…", y, en vista que no fueron considerados para la Lista 1 la inmensa mayoría de productos terminados, materiales y repuestos para las TIC (como lo son la gran mayoría códigos arancelarios dentro de renglones como el 8471 y 8473 o el 852390 y otros), deducimos que estos no son considerados prioritarios para "las políticas, planes y proyectos de desarrollo…" por el gobierno venezolano, al colocar un obstáculo adicional (la "certificación de insuficiencia o no producción nacional"), para la tramitación de las divisas necesarias para su importación.

Aunque por la extensa literatura al respecto casi resulta de perogrullada hacerlo, creemos pertinente recordar que la popularización del uso de las TIC es una de las iniciativas de mayor impacto para el desarrollo, con una eficacia que ha sido suficientemente demostrada en el transcurso de los últimos años. Organismos multilaterales, empresas consultoras y analistas coinciden en otorgar un altísimo valor a la relación entre el acceso a las facilidades de las TIC, el desarrollo y la reducción de la pobreza.

No deseamos dejar entender que soportamos el argumento simplista sobre el supuesto desarrollo automático y reducción inmediata de la pobreza gracias al uso de las TIC. Sabemos que los resultados de la incorporación de las tecnologías de información y comunicación en las sociedades debe ser analizada como un proceso dependiente e interrelacionado de muchos factores, tanto en el aspecto puramente tecnológico, como en los más amplios de la ciencia y la cultura en general. Ciertamente, lo ideal es contar con competencias endógenas que puedan potenciar procesos de generación, circulación y apropiación de información asociados a la difusión de las TIC.

Dicho esto, también es válido aseverar que obstaculizar el acceso a los instrumentos de las TIC tiene efectos negativos para el logro de eficiencias nacionales y, más trascendentalmente, para el progreso económico, científico, tecnológico y cultural. Esto, sin olvidar las metas, más prosaicas, de mantener bien administrado el país como un todo, desde el núcleo familiar, pasando por empresas de todo tamaño, hasta llegar a la administración del Estado, con la idea de hacer más eficientes los servicios burocráticos internos y los suministrados a los ciudadanos. En lo más básico, es oportuno recordar que no es suficiente con facilitar la importación de medicinas y alimentos, por ejemplo, ya que los mismos deben ser encontrados, adquiridos, contabilizados, nacionalizados, transportados, administrados, distribuidos, etc., nada de lo cual es posible hacer hoy día, por las actuales escalas y complejidades, sin el apoyo de las TIC. Igual puede decirse para prácticamente cualquier aspecto de la sociedad, en lo cultural, sin duda en lo científico y en la salud, en la seguridad civil y militar, etc.

Por otro lado puede aducirse que, con la colocación de nuevas barreras, se logrará que, oportunamente, todas las necesidades relacionadas con las TIC sean satisfechas localmente.
En este sentido, hay que decir que no solo es apropiado, sino que debe ser apoyada e incentivada, la producción local de los insumos y productos terminados relacionados con las tecnologías de información y comunicación. De hecho todos los sectores, oficiales y privados, aprueban los planes tendientes a estas metas. Pero estas, hasta las más optimistas, requieren de racional planificación, incluyendo, por supuesto, el tiempo cuando se desean alcanzar los distintos estadios de producción local en relación con las necesidades de cada país.

Es difícil contar con una sola mano el número de economías nacionales, si es que las hay, que pueden manejar las escalas imprescindibles para soportar la producción local de cada parte y producto. En todo caso, aunque así se desee, no tiene mucho sentido suponer que esto pueda ser logrado a corto plazo (si es que pude ser alcanzado en cualquier plazo).
En el caso particular de Venezuela ¿Qué sentido tiene exigir hoy una certificación de insuficiencia o no producción nacional a artículos que no se producen en el país? A una larga lista de insumos, partes y productos terminados –sin fabricación nacional- se les colocó la barrera adicional, la "certificación de insuficiencia o no producción nacional". Procesadores, impresoras, routers, y muchos otros que no son fabricados en Venezuela aparecen en la sorprendente Lista No. 2.

Por otro lado, las importantes, pero aún incipientes, iniciativas de fabricación nacional de productos como computadoras y terminales celulares podrán, en algún momento del futuro mediano, cubrir una parte de los requerimientos nacionales. En el caso de las computadoras, en 2007 fueron colocadas en Venezuela un millón de unidades, según IDC, aunque la industria estima que el mercado local requería 50% más, que no pudo ser satisfecho por el control cambiario. Por otro lado, la industria local (incluyendo la nueva fábrica VIT propiedad de Venezuela y China), según sus propios voceros, será capaz en algunos años de producir cerca de medio millón de unidades (hoy es menos de la mitad). En todo caso, si es este el plan ¿No debería el Gobierno facilitar la importación de las partes y piezas que requiere esta naciente industria en vez de colocar nuevas barreras?

De modo que, conociendo la trascendencia que tiene facilitar el acceso a las TIC para la sociedad y el progreso de los países ¿Cuál es el verdadero propósito de una medida que obstaculiza estos objetivos, siendo una realidad clara y conocida por todos que la mayoría de los insumos para las TIC no son fabricados y algunos pocos se producen muy insuficientemente?

Conociendo, admitidamente desde la distancia, las posiciones al respecto de algunos altos representantes del gobierno venezolano, y con la prueba adicional de importantes iniciativas oficiales tendientes a acercar las TIC a la población, entendíamos que, efectivamente, ha sido y es sincero el deseo oficial de reducir la brecha digital en la nación caribeña, por lo tanto, solo podemos deducir que esta nueva medida es un accidente que seguramente será corregido prontamente para bien de todos los venezolanos.

Recursos: Enlaces a recursos adicionales y un instructivo resumido para los trámites ante el MPPILCO y CADIVI puede encontrarlos en DATOSyTecnologia.net.

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Fuente: M. Mager – sociedadytecnologia.net