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20/11/2018
Una Política de Competencia para Venezuela: un buen inicio
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La desinstitucionalización del país resulta alarmante. Si bien deliberada por quienes son gobierno, implica un enorme costo de oportunidad social.

Un buen inicio para reconstruir Venezuela, re-institucionalizarla e ir construyendo principios e instituciones alineadas con progreso por tutelar el bienestar social, el interés público económico, el interés económico general y la eficiencia económica; es diseñar y asumir una Política de Competencia.

La Política de Competencia va más allá del Derecho de la Competencia, de su naturaleza de regulación de conducta y de su rol de "policía administrativo". Incluso va más allá de su función de abogacía –advocacy- de la competencia, incluso para aquellos países donde dichas funciones no forman parte formal y explícitamente de sus marcos normativos en materia de derecho de la competencia.

La "Política de Competencia" explícita o implícitamente, constituye la política pública angular, pivotal y/o de principios que termina sirviendo de marco referencial en unos casos y mandatorio en otros, a partir de la cual se piensa y diseña las políticas públicas. Lo anterior ocurre en aquellos países donde se entiende la importancia de instituciones como los derechos de propiedad, la soberanía del consumidor, y al mercado y su sistema de precios como mecanismo de imposición de benchmark socialmente deseables –por ejemplo, consecución de la eficiencia asignativa, eficiencia productiva y eficiencia dinámica- a partir del medio intermedio como lo es la competencia en los mercados. Aun así, nunca de forma contradictoria, casualmente la Política de Competencia existe como política pública, para garantizar que el potencial disciplinador y de eficiencia de los mercados en competencia, trasladen rentas, eficiencias y beneficios hacia los consumidores finales.

Los principios de la Política de Competencia resultan tan robustos e incuestionablemente alineados con el bienestar social, que suelen coadyuvar a la Gobernanza y a labores de Check and Balance sobre el diseño de políticas públicas y sobre el modelo económico que los gobiernos terminan moldeando. Incluso en aquellos países donde no existen instituciones jurídicas del derecho de la competencia referidos a las Ayudas Estatales, o donde la labor de abogacía de la competencia no es mandatoria o vinculante; sus principios, la teoría económica que la fundamenta, y su método de análisis puede constituir parte de las instituciones y principios informales que condicionan el modelo económico de una sociedad y su nivel de eficiencia.

Tal vez por ello es que este tipo de política pública ha sido estigmatizada por gobiernos populistas que buscan debilitar las instituciones para actuar sobre la economía de forma arbitraria, discrecional y en favor de grupos de interés.

Richard Whish, profesor de Derecho de la Competencia Europeo del Kings College London (2018), destaca que en la actualidad existen más de 130 sistemas de derecho de la competencia en el mundo; desde países como China (adoptado el 30 de agosto de 2007) hasta Filipinas (adoptado el 11 de junio de 2015), pasando por países como India, Singapur, Malasia, Hong Kong, Ecuador, Egipto, Nigeria que han adoptado este tipo de normativa a lo largo del siglo XXI.

La condición de desarrollado o subdesarrollado, de economía grande o pequeña, de país chico o grande no ha sido una limitante para la adopción de este tipo de política y derecho.

Por el contrario, en el entendido de que un Estado Benevolente busca maximizar el bienestar social, este tipo de Política coadyuva, apunta y tutela el bien social que representa la eficiencia en beneficio de todos, especialmente de los consumidores finales.

Cualquier persona o grupo de venezolanos que entienda la necesidad de modernizar Venezuela y reinsertarla en la civilidad y la modernidad, requiere tener como política y principio gravitacional la Política de Competencia. Nos atrevemos a asegurar, que aquel que no posea dicha Política como fundamento en su propuesta de país o gestión pública, se parece más a las administraciones que nos han colocado en esta lamentable situación actual que representar a una verdadera alternativa de país de progreso.

(*) Economista UCV. Profesor Invitado Universidad de Buenos Aires (UBA). Master in Competition and Market Regulation, Universidad Pompeu Fabra. Master en Economía Industrial, Universidad Carlos III de Madrid. Postgraduate Diploma in Economics for Competition Law, Kings College London. Maestría en Derecho y Economía, Universidad Torcuato Di Tella.

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FUENTE

Enrique González (*) – THP
SOCIEDADyTecnologia



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